Cómplice: Poder Judicial

Tema de la biblioteca: Violaciones a los derechos humanos, 1976.


Fuente seleccionada:

http://tiempo.elargentino.com/notas/complicidad-de-corporacion-nacional-de-abogados-con-genocidio - Diario Tiempo Argentino, “La complicidad de la corporación nacional de abogados con el genocidio” por Fernando Pittaro.


Reseña:

Mediante este artículo buscamos avocarnos en exponer, o mejor dicho demostrar la relación de factores que hicieron posible lograr tantas desapariciones aplacando alarmas. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple, está siendo demostrado (con documentaciones) en la actualidad, la participación y complicidad de abogados de todo el país con la dictadura. El diario Tiempo Argentino (según lo ha publicado) tuvo acceso directo a los libros de actas de las asambleas de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que nuclea a 80 instituciones de todo el país. Se trata de 600 folios que incluyen las deliberaciones y testimonios que los hombres del derecho, enrolados en sus respectivos colegios profesionales, hicieron entre 1976 y 1979.

El artículo se centra de todas las colaboraciones de grupos civiles que tuvieron los militares en los abogados que dieron “sustento ideológico y jurídico a los genocidas de turno”. Presenta pruebas materiales del FACA como decíamos antes. Según lo demuestra la documentación, la preocupación de los colegiados no eran los secuestros, desapariciones y asesinatos de sus colegas, sino quedar bien parados ante la cúpula militar y el exterior. Por ejemplo, el doctor Manuel V. Ordóñez, representante de la Ciudad de Buenos Aires, señaló en la foja 81: “Agradecemos a este gobierno haber realizado la tarea de liberarnos de la abyección en que vivíamos antes del proceso, a pesar de que al hacerlo pueda haber incurrido en excesos”, y como él podemos ver a través de este artículo muchos otros de los miembros de la FACA a lo largo del país exponiendo pensamientos similares.

Podemos ver también el interés que había por mantener el prestigio y callar las voces de quienes no compartían el pensamiento, tal y como nos presenta en el caso del representante de Trenque Lauquen contado aquí por el doctor Hugo Fernández Quintana “era un loco suelto al que querían callar porque todas las reuniones iba y pedía la palabra para que nos pronunciáramos en contra de lo que estaba sucediendo”.

Nos muestra una situación extrema y esto explica por qué escaseaban abogados que se animaban a presentar hábeas corpus. Menciona declaraciones de gremios denunciando muertes y secuestros por asuntos políticos y todo el encubrimiento que esto aconteció.

Detalla una entrevista del año 77’ entre 5 representantes de la FACA con Videla en una conversación al descubierto en la cual, éste último llama “errores” a ciertas situaciones dando su visión particular del golpe de estado.

Con este artículo podemos decir: es una realidad que en el pasado, el marco judicial haya respaldado el genocidio cometido durante El Proceso de Reorganización Nacional, dejando el camino libre al Poder Ejecutivo y sus cabecillas para actuar sin impunidad y de alguna forma con una controlada y callada oposición.

Planes antisubversivos expuestos.

Tema de la biblioteca: Violaciones a los derechos humanos, 1976.


Fuente seleccionada:

Diario Clarín, “Presentan un documento clave” por Silvana Boschi.



Reseña:

A través de este artículo presentan un documento clave: Se trata de una copia de las órdenes de operaciones antisubversivas, relacionadas con menores de edad, impartidas a fines de 1976 por el entonces titular del Ejército, Roberto Viola” lo cual demuestra que existió durante la dictadura un plan sistemático para la apropiación y desaparición de menores. Dicho documento fue presentado por un abogado de familias de desaparecidos, Alberto Pedroncini al juez Adolfo Blagnasco.

A partir de allí el artículo nos narra el destino de Viola, su condena y el indulto culminado con su muerte. Así las abuelas de Plaza de Mayo que igual deseaban hacer justicia acusaron a secuaces del difunto en sus planes de separación de menores de sus padres. Podremos apreciar argumentos de ellas, “esos secuestros no fueron juzgados en la causa de 1985 conocida como juicio a las Juntas, y que no pueden ser amparados en la ley de punto final y obediencia debida, ni en los indultos”.

Se discute también, el ocultamiento de información tanto por parte del Estado que no ha aportado, como por parte del Ministerio del Interior gracias a la aparición del documento antes mencionado. Esta falta de colaboración fue presentada por el abogado en un escrito, alegando que, en ciertos documentos “figuran informes referentes a personas argentinas detenidas o secuestradas en el Paraguay, Bolivia y el Brasil” y en otros que detallan la intervención de militares extranjeros en la sustracción de menores en el famoso caso de los Zaffaroni.